Las organizaciones ecologistas destacan que la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es una contribución directa a agravar la sobrepesca, que afecta al 33,1% de las poblaciones pesqueras mundiales evaluadas según la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), alcanzando un 41% en el Atlántico europeo según la UE. La decisión coincide con el anuncio de la organización científica Global Footprint Network de que en siete meses la humanidad ha consumido los recursos que la Tierra es capaz de generar en un año.
Tras la captura de 7.000 toneladas entre mayo y julio, España y Portugal han decidido permitir la captura de otras 4.728 toneladas entre agosto y septiembre, de las cuales 1.584 corresponden a España, sin que los científicos hayan tenido la oportunidad de valorar la idoneidad del plan hispano-luso.
Las sardinas y especies similares de pequeños pelágicos tienen un papel fundamental en el ecosistema marino y han contribuido de manera decisiva al desarrollo de la industria pesquera y conservera de nuestros países. Su colapso, como el sufrido por la anchoa del Cantábrico en 2005, no solo acarrearía un serio impacto ecológico, sino también graves consecuencias socio-económicas.
Las organizaciones ecologistas lamentan que décadas de explotación por encima de los límites sostenibles marcados por las recomendaciones científicas, unido a más de una década de bajo reclutamiento de la especie por distintas causas –incluida la variabilidad natural– han llevado a este stock al borde del colapso y han dejado sus niveles poblaciones en mínimos históricos desde 2012.
Por ello, las organizaciones españolas vuelven a sumarse a sus homólogas portuguesas para demandar a sus respectivos gobiernos que adopten un plan de gestión avalado por CIEM, que asegure una rápida recuperación de la población de sardina como única alternativa posible al cierre de la pesquería. Este plan debería incluir niveles de capturas muy precautorios (si son posibles de identificar), junto con medidas de conservación y control. Asimismo, dicho plan debería adecuarse a los objetivos de gestión de la política pesquera común.
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